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Miguel Arista

Vizcarra y el aplauso como objetivo de gobierno

Miguel Arista

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Las denuncias públicas de cobros abusivos por parte de las clínicas privadas a pacientes COVID 19 ocasionó  que en su última alocución el Presidente de la República Martín Vizcarra  “de un ultimátum” a estas amenazando con invocar el artículo 70º de la Constitución Política para “intervenirlas” en caso  estas no se pongan de acuerdo con el Ministerio de salud  en reducir  onerosa  tarifa que endeuda a la gente necesitada para ayuda a salvar sus vidas.

El artículo citado prescribe: “Inviolabilidad del derecho de propiedad: A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”. Esto se refiere a la expropiación, que no es otra cosa que la “transferencia forzosa de la propiedad privada de algún particular para convertirla en una propiedad del Estado”, en virtud de un interés social o utilidad pública; sin embargo, el término utilizado por el Presidente fue “intervenir” que es distinto a lo previsto en el precitado artículo constitucional, tal vez  porque sus asesores no le explicaron las implicancias de la aplicación de esta medida  o ,lo más probable, porque teme que usar la palabra “expropiación” lo haga ver como autoritario y afecta su tan trabajada popularidad venida a menos en las últimas semanas ante la ineficacia de sus medidas frente a la pandemia, denuncias por corrupción y el favorecer con dinero público a millonarios empresarios entre las principales razones.

Está claro que este es un anuncio político con el  que se pretende  dar un plazo intimidatorio a para presionar a las clínicas probablemente amparado en el capital político que le dio el haberse atrevido a cerrar el congreso y crean que también podría atreverse a expropiar las clínicas privadas; sin embargo, otra cosa es la factibilidad jurídica para cumplir con su “advertencia”. Desde el gobierno no han advertido que el artículo 70º precisa como condición que este se aplique por necesidad pública, lo cual no está en discusión que exista, pero esta debe der  declarada por ley y como sabemos las leyes solo las da el Congreso. Es el caso que una vez más el Presidente podría “tirar la pelota” al Congreso mediante una propuesta de proyecto de ley que declare de necesidad pública la expropiación de las clínicas privadas. Este poder del Estado, si tiene voluntad, podría acelerar su aprobación, pero aún faltaría establecer el justiprecio, los procedimientos y mecanismos para su ejecución. Considerando que el gobierno tardó 100 días para percatarse que el sistema público de salud colapsaría, lo mismo que para reglamentar la producción de oxígeno, ¿Cuánto muertos más tardará en tomar el control de las clínicas privadas?

Martín Vizcarra no contaba con que el Presidente del Congreso  le recordara  que el pasado 17 de junio  una ley aprobada por elos permitía que el Ministerio de Salid use la infraestructura de las clínicas temporalmente, sin embargo,  el presidente lo observó. Además, señaló que la norma observada por el ejecutivo, disponía que los equipos biomédicos e infraestructura de las clínicas privadas pasen al Ministerio de Salud ante la pandemia. Así como cubrir los costos y presupuestos asignados.

Ante esta situación, si realmente se quiere intervenir para frenar el abuso de las clínicas  privadas quedan dos caminos: 1.  Coordinar para  que el Congreso acuda a la insistencia de la publicación de esta norma observada o 2. Aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud  Nº 26482 el mismo que establece “En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes.”

Muchos peruanos rechazamos la inhumana avaricia de las clínicas privadas y en primera instancia otros tantos aplaudirían este anuncio no obstante, esta posibilidad como se ha expuesto resulta inviable en el corto plazo; tal es así, que ya lo han desafiado Finalmente, si realmente existe voluntad política del Jefe de Estado ¿Por qué no aplicó antes alguna de estas dos  opciones?¿No conocían sus asesores y/o el ministro de Salud de la existencia de esta ley? O estamos nuevamente ante un anuncio que solo busca cosechar aplausos como en reiteradas ocasiones para seguir siendo ineficiente pero popular como parece ser su objetivo de gobierno. ¡Quedan unas horas para saberlo!

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