UNASAM echó al agua más de S/. 8 millones sin sustento legal

La comunidad universitaria ancashina vuelve a ser sacudida por un escándalo que involucra a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) pagó más de 8.5 millones de soles por un terreno para un complejo deportivo, pero nunca se saneó legalmente, como mandaba el contrato ¿Quién debe responder por esta omisión? Todas las miradas apuntan al rector Carlos Reyes.

La historia comenzó cuando la UNASAM adquirió un terreno en el sector Nueva Florida para un proyecto de “mejoramiento y ampliación de servicios deportivos”. La promesa era un moderno coliseo con múltiples disciplinas, un estadio, y hasta espacios para ajedrez y artes marciales. Lo que pocos sabían es que desde el inicio el proyecto tenía cimientos frágiles ya que se contemplaba un saneamiento físico-legal que nunca se ejecutó adecuadamente, pese a ser requisito esencial y estar valorizado en más de S/. 8.5 millones de soles.

Pese a esta obligación, las autoridades de la UNASAM –quienes recibieron el informe del Órgano de Control Institucional el 30 de abril de 2025– no puede alegar sorpresa. El contrato y su adenda eran explícitos ya que la segunda mitad del pago al proveedor solo debía realizarse si se cumplían requisitos técnicos, topográficos y registrales. Pero eso no ocurrió. Aun así, se desembolsó el 100% del monto pactado, a pesar de las alertas internas sobre inconsistencias en los datos del terreno.

Además, el área entregada era mayor a la pactada en más de 1,200 m², y sin embargo, en lugar de gestionar la regularización de este “exceso” como manda la ley, la universidad no lo incorporó al inventario ni al sistema de bienes estatales (SINABIP). Lo que debería haber sido patrimonio declarado de la UNASAM, permanece hoy en un limbo jurídico ¿Dónde estaba el liderazgo rectoral cuando esto ocurrió?

Además, según documentos internos, los lotes adquiridos están interrumpidos por un pasaje público que impide su acumulación legal, haciendo inviable su integración como una sola unidad registral. Este detalle, que no es menor, fue omitido en su momento y solo salió a la luz gracias al informe de la empresa encargada del expediente técnico ¿Ignorancia o encubrimiento?

El rector Carlos Reyes recibió el oficio del informe final del OCI, donde se le insta a tomar acciones correctivas. Pero hasta la fecha, ni una palabra ha salido públicamente de su despacho ¿Por qué calla el máximo responsable institucional ante un escándalo que involucra fondos públicos, incumplimientos contractuales y la posible pérdida patrimonial de un terreno clave para la comunidad universitaria?

Mientras tanto, el predio sigue sin poder ser utilizado plenamente, el proyecto deportivo está estancado, y los estudiantes siguen esperando el coliseo que les prometieron hace siete años. Lo que sí avanzó fue el desembolso millonario. A contracorriente del sentido común, la administración de la UNASAM parece haber priorizado el pago antes que la legalidad.

En un contexto donde la transparencia y la gestión pública deberían ser banderas rectoras, el caso de la UNASAM refleja una preocupante pasividad institucional y una cadena de omisiones que solo beneficia al proveedor ¿A quién realmente representan las autoridades? ¿A los intereses de los estudiantes o a los del silencio cómplice?