San Marcos: Denuncian mal trabajo de RENIEC controlando “golondrinos” y coordinando con trabajadores municipales
Mientras los registros electorales muestran un incremento poblacional matemáticamente improbable, los ciudadanos cuestionan que el ente estatal valide direcciones en la vía pública mediante consultas a los propios trabajadores de la gestión de Manuel Ugarte, señalado como el principal beneficiario del fenómeno.
Los habitantes del distrito de San Marcos asisten a una transformación demográfica que las estadísticas regulares no logran explicar. En un lapso menor a cuatro años, la población electoral pasó de 18,375 votantes hábiles a superar los 26,500, registrando picos de alerta que superaron los 30,000 ciudadanos en los reportes de la ONPE a finales del 2025. Detrás de estas cifras se encuentra el rostro de ciudadanos locales que observan cómo su capacidad de decisión sobre el futuro de su comunidad se diluye ante la llegada masiva de personas foráneas. Sin embargo, la atención ciudadana hoy se centra en la institución que debería garantizar la transparencia de este proceso el cual es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
De cara al cierre del padrón programado para el 7 de abril, el RENIEC inició un proceso de verificación domiciliaria en la zona. La institución emitió recientemente un pronunciamiento vía nota de prensa por redes locales huarinas donde advertía sobre «interferencias» y «hostigamiento» hacia sus inspectores, argumentando que actores externos tomaban fotografías de sus actas (desconociendo que son servidores públicos y al estar en la vía pública no hay impedimento para ser grabados porque no ocultan nada o no hacer nada ilegal). No obstante, el contraste entre el comunicado oficial y los testimonios de los sanmarquinos revela un procedimiento institucional que genera más dudas que certezas en la población.
Los reportes de los vecinos denuncian que los fiscalizadores del RENIEC han omitido el procedimiento de verificación casa por casa en caseríos clave. En zonas como Huaripampa, las familias reportan que los inspectores no llegaron a los domicilios y solo se les ve con abundantes padrones preguntándole a una sola persona que a veces en su mayoría serían trabajadores municipales de la gestión de Manuel Ugarte. En su lugar, las denuncias apuntan a que la labor de validación se ha trasladado a las calles, donde el personal del ente estatal se limita a consultar la identidad de los nuevos residentes con transeúntes que, en muchos casos, resultan ser trabajadores de la propia municipalidad. Esta metodología de trabajo crea un escenario donde la entidad rectora del padrón electoral termina validando la información con las mismas personas acusadas de promover el registro de ciudadanos foráneos, restando rigor técnico y legitimidad a todo el proceso de fiscalización.
Esta falta de exhaustividad por parte del RENIEC resulta funcional a los intereses de la actual gestión municipal liderada por Manuel Ugarte Medina. De acuerdo con los testimonios de trabajadores ediles, quienes mantienen sus identidades en reserva por temor a represalias laborales, la permanencia en sus puestos de trabajo está condicionada al empadronamiento de al menos diez personas externas al distrito. La validación de estas direcciones por parte del RENIEC es la pieza final que permite materializar una estrategia política específica la cual sería habilitar el camino para que Ugarte integre la próxima lista electoral como primer regidor, proyectando la posterior renuncia del candidato a la alcaldía para asumir nuevamente el mando, eludiendo así los impedimentos de la reelección inmediata.
La situación en la provincia de Huari evidencia una crisis de confianza en los mecanismos de control del Estado. La validación de un padrón bajo métodos cuestionados en la vía pública ha motivado que desde el Congreso de la República, a través de la parlamentaria Nilza Chacón, se anuncie una investigación formal sobre las presiones internas y el incremento de electores. Para los ciudadanos de San Marcos, la actuación del RENIEC no representa la garantía de un proceso democrático equitativo, sino la convalidación administrativa de un mecanismo que altera el peso de su voto en las urnas.