Médicos aseguran que, si le otorgan dicho documento, refrendaría que aún está incapacitado para trabajar.
Las sorpresas y especulaciones, en torno a la extraordinaria recuperación en su salud logrado por Juan Carlos Morillo Ulloa, luego que el maldito virus de la Covid-19 terminó no sólo de internarlo al hospital Edgardo Rebagliati de Lima, sino estar entubado por varios días, por tener los pulmones afectados, terminando de derrotarlos y salir de alta, pero, sin certificado médico, listo para asumir sus responsabilidades de Presidente regional de Ancash.
Sigue despertando felicitaciones, como cuestionamientos, especialmente al haber manifestó no requiere certificado médico, por ser trabajador independiente, cuando es sabido que es funcionario del estado, y rige en el D.L. 276, de confirmarse estas informaciones, Morillo habría mentido a los médicos que le salvaron la vida. Todo para evitar que el vicegobernador asuma siquiera un solo día al cargo ya que aún requeriría unos 40 o 60 días para recuperarse totalmente.
El médico que hizo el reporte podría ser sometido a investigación pues según la Resolución de Gerencia General de ESSALUD N°1311-2014 , en el numeral 6.2.1.1.1 respecto al certificado de incapacidad pata el trabajo, conocido como CITT ,establece que “este documento es emitido obligatoriamente y de oficio por el profesional de salud autorizado por ESSALUD y la información del mismo es registrada en la historia clínica del asegurado”, al emitir este documento se evidenciaría que Juan Carlos Morillo pese a ser dado de alta apresuradamente aún no puede trabajar y necesita descanso médico por más tiempo , por eso mintieron para evitar que se emita el certificado ya que sus consejeros ya dilataron un mes la licencia y ya no pueden demorar más por el repudio creciente de la población y las sospechas de corrupción.
La estrategia de impedir que el Vice gobernador se habría completado con la nueva solicitud presentada por Morillo en la que se “solicita licencia por enfermedad en vías de regularización que se deje sin efecto el escrito prestado con fecha 19/08/2020”; según sus cálculos esta no tendría mayor objeción porque al presentar legalizado una papeleta de alta y un Informe de alta, sin el Certificado Médico de Incapacidad para el Trabajo los consejeros que tiene de aleados lo aprobaría de inmediato.
Esta última solicitud, presentada el 11 de setiembre y comunicada de inmediato ese mismo día a todos los consejeros- tendría, según nuestras fuentes, dos partes y dos propósitos: 1. Al retirar el expediente anterior y ya no existir solicitud que no prosperen la denuncia a los consejeros que impidieron el encargo al vicegobernador y 2. Por otro lado, que se apruebe de inmediato la licencia porque según el mismo documento ya se incorporó el viernes aunque nadie lo haya visto ni haya ejecutado ningún acto de gobierno.
Especialistas consultados al respecto señalan que al pertenecer el gobernador al D.L.276 en un inicio con la sola presentación de su solicitud debió ser atendido y según lo ha señalado SERVIR en el Informe N°1027-2019-/GPGSC MUMERAL 2.4 “aquellos servidores que se hubieran encontrado hospitalizados por enfermedad o accidente de deberán presentar el certificado médico dentro de las 24 horas siguientes a su reincorporación al servicio”; sin embargo, dado que según su propia manifestación el gobernador regional se ha reincorporado el viernes el día martes debe OBLIGATORIAMENTE PRESENTAR SU CERTIFICADO MÉDICO ya que la papeleta de alta no sirve para justificar inasistencias ni licencias y a lo más sirve para que al paciente lo dejen salir del hospital.
En este estado de cosas en que es momento de regularización y es necesaria la presentación del informe médico, al haberse retirado la solicitud inicial tantas veces dilatada que ha merecido la intervención de defensoría, fiscalía y hasta contraloría carece de sentido.
Lo que corresponde es que se atienda de inmediato la regularización de licencia del gobernador Morillo siempre que adjunte su certificado médico, en caso contrario no se aprueba la licencia y acumularía días de insistencias injustificadas que lo podrían hacer incurrir en la causal de vacancia prevista en el artículo 30° inciso 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos regionales.
Por otro lado; si los consejeros aprueban la licencia sin los requisitos legales estarían sumando un nuevo delito de abuso de autoridad.
