Por presunto tráfico de influencia y el gobierno regional iniciar un proceso administrativo contra la denunciada.
La Defensora del Pueblo, dijo que una vez más el Gobierno Regional a través de una consejera regional le pone en el ojo de la tormenta por un presunto hecho de tráfico de influencia que ya la fiscalía debe de estar investigando penalmente en base de las evidencias que se tiene en la denuncia.
Por otro lado, indicarse un proceso administrativo desde el consejo regional en base a los reglamentos internos que tiene el consejo.
No se debe perder más tiempo para poder demostrar que las autoridades de fiscalización están actuando en el momento de los hechos y con los argumentos respectivos, dijo a la prensa.
