Supuestamente, compro materiales de limpieza e implementos de bioseguridad que no ingresaron a la entidad regional.
La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/100 000 en el Gobierno Regional Áncash, ocurrido durante el estado de emergencia COVID-19, como consecuencia del desembolso no justificado de encargos internos para la compra de materiales de limpieza e implementos de bioseguridad que no ingresaron a la entidad regional, y que se sustentaron con documentos cuyos proveedores negaron haber emitido.
Según el Informe de Servicio de Control Específico N° 040-2020-2-5332-SCE (periodo de evaluación del 16 de marzo al 29 de mayo del 2020) se identificó que siete (7) funcionarios tendrían presunta responsabilidad administrativa, de los cuales cinco (5) también les correspondería presunta responsabilidad penal.
El servicio de control evidenció que el pasado mes de marzo, funcionarios de la Oficina Regional de Defensa Nacional Civil y Seguridad Ciudadana, y de la Subgerencia de Recursos Humanos, solicitaron en el marco de la emergencia sanitaria COVID – 19, un presupuesto de S/ 80 000 y S/ 20 000, respectivamente, para ejecutar dos Planes de Apoyo Social de desinfección de zonas vulnerables en la sierra y costa de la región, y un Plan Local para la implementación de materiales de aseo y limpieza de la sede regional.
Sin embargo, en ambos casos, sin contar con las competencias y facultades para hacer tales requerimientos, obtuvieron los montos mencionados, sin presentar la justificación técnica y legal que se requieren.
En el caso de la Oficina Regional de Defensa Nacional Civil y Seguridad Ciudadana, los planes de apoyo social no detallaban costos estimados ni las zonas específicas que se iban a desinfectar, solo mencionaba sierra y costa de manera general. Del mismo modo, el Plan Local de la Subgerencia de Recursos Humanos no establecía cantidades, especificaciones técnicas, ni costos estimados: Tampoco se precisó las áreas o gerencias beneficiarias.
La comisión de auditoría del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Áncash determinó que, para financiar los mencionados planes bajo la modalidad de encargos internos, se anularon partidas destinadas a la compra de repuestos y accesorios, papelería, útiles y materiales de oficina, entre otros.
Los funcionarios y servidores públicos involucrados presentaron boletas y facturas de ocho proveedores, sin embargo, cinco de ellos negaron haber vendido productos al Gobierno Regional de Áncash. Según la página web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), los proveedores registran actividades económicas que no guardan relación con los productos adquiridos por la entidad regional.
Los recursos públicos se habrían utilizado en adquirir mascarillas guantes, lentes y cintas de seguridad, así como productos de limpieza y desinfección, pero no se acreditó su ingreso a los almacenes del Gobierno Regional, ni su utilización en la prevención de la propagación del coronavirus. No obstante, los responsables presentaron actas de entrega, recepción y conformidad de los bienes y servicios efectuados.
