Denuncias
Escándalo en el penal de Huaraz: Droga y certificados de depósito en poder del INPE
Tras el allanamiento fiscal, también se hallaron pipas, encendedores y puchos; director del penal deberá explicar cómo estos objetos y documentos terminaron en manos de agentes penitenciarios.
48 horas después del allanamiento realizado en el Establecimiento Penitenciario Víctor Pérez Liendo de Huaraz, surgen serios cuestionamientos sobre el control y la seguridad dentro del recinto penitenciario.
La Fiscalía de Derechos Humanos de Áncash, encabezada por la fiscal Ada Rocío Príncipe, junto a otros 10 fiscales y agentes de la Policía Nacional del grupo Terna y el apoyo de la unidad canina, ejecutó el operativo con autorización del Poder Judicial. Durante la intervención se incautaron droga, pipas, encendedores y puchos.
Pero el hallazgo que genera mayor preocupación es la presencia de cuentas y certificados de depósito que habrían sido encontrados en poder de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), situación que deberá ser esclarecida por las autoridades.
Ante ello, el director del penal de Huaraz, Vicente Chicoma Quintana, tiene pendiente explicar cómo estos elementos pudieron ingresar y circular dentro de los pabellones, considerando que el establecimiento cuenta con controles para el ingreso de familiares y visitantes, además de cámaras de vigilancia.
El hallazgo de los documentos financieros también vuelve a poner sobre la mesa las denuncias realizadas anteriormente por familiares de internos, quienes han señalado presuntos cobros por parte de trabajadores penitenciarios a cambio de determinadas condiciones o seguridad dentro de los pabellones. Estas acusaciones deberán ser investigadas y corroboradas por el Ministerio Público.
La situación genera aún más interrogantes debido a los antecedentes registrados en el sistema penitenciario de Huaraz, donde agentes del INPE fueron sentenciados por el Poder Judicial de Áncash por el delito de tortura contra una interna.
Ahora, la Fiscalía deberá determinar el origen de la droga, los objetos y los documentos financieros incautados, así como establecer quiénes son los responsables y si existe una estructura que permita el ingreso de estos elementos al penal. Mientras tanto, el director del establecimiento deberá responder ante la opinión pública por las graves irregularidades detectadas durante el operativo.