La tranquilidad en la ciudad de Huarmey se vio interrumpida la madrugada de este martes por la detonación de un artefacto explosivo en la fachada de la vivienda del alcalde provincial, Cautivo Cautivo Grasa. En el lugar, las autoridades hallaron una carta de extorsión que exigía el pago de 200 mil soles y la adjudicación de una obra, junto a una bala como señal de amenaza.
Visiblemente afectado y entre lágrimas, el burgomaestre denunció el hecho y reveló que su familia se encuentra sumamente afectada por el ataque, situación que lo ha llevado a evaluar su permanencia en el cargo. «Tal vez dé un paso al costado de la política», manifestó Cautivo, anunciando que tomará una decisión tras conversarlo con sus familiares.
El alcalde denunció ser víctima de un chantaje con un video en el que se le observa contando una considerable cantidad de dinero en efectivo. No obstante, al intentar aclarar el origen de los fondos, generó una mayor controversia. Según su propia versión, el dinero que aparece en las imágenes es de su propiedad y fue gestionado por su entorno.
Esta explicación, lejos de disipar las dudas, parece confirmar un manejo irregular de las finanzas, al admitir la utilización de dinero personal en efectivo para gastos que deberían seguir un conducto administrativo transparente y oficial dentro de la municipalidad. La acción abre un flanco sobre la posible comisión de un ilícito y la falta de diferenciación entre los bienes privados de un funcionario y los recursos públicos.
Pese a su anuncio de una posible dimisión, la legislación vigente establece que el cargo de alcalde es renunciable a través de un procedimiento formal ante el concejo municipal, y no mediante un simple «paso al costado». Su eventual salida activaría un proceso de vacancia.
El alcalde ha solicitado garantías para su vida y ha pedido una investigación exhaustiva al Ministerio del Interior para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la ciudadanía de Huarmey queda a la expectativa, no solo por la grave denuncia de extorsión, sino también por las serias dudas que ha sembrado la propia autoridad sobre la transparencia de su gestión.
