Controlaría evidencio un perjuicio económico de más de 49 mil soles
Mediante el informe de control específico N° 037-2022-2-5332, la Contraloría General de la República (CGR) evidenció un perjuicio económico por S/49 231,67 en Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones (DRTC) de Áncash, debido a que, en diciembre del 2021, funcionarios de la entidad suscribieron una directiva y emitieron una Resolución Directoral incrementando a favor de sí mismos su remuneración mensual bajo la modalidad de contrato CAS, a pesar de haber suscrito un contrato con montos menores y no contar con opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sin contar con opinión técnica ni legal para aprobar nuevas escalas remunerativas a favor de funcionarios contratados bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), funcionarios de la DRTC suscribieron una directiva mediante la cual incrementaron la escala remunerativa a favor de 8 funcionarios. Para ello utilizaron informes que no sustentaron técnica ni legalmente dichos aumentos; además, no contaban con disponibilidad presupuestal, no obstante, emitieron una Resolución Directoral aprobando la mencionada Directiva.
“Con el fin de obtener mayores recursos para el pago de los citados incrementos, la Unidad de Recursos Humanos y la Dirección de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática simularon la necesidad de mayores recursos (argumentando déficit presupuestario para pagos de planillas CAS), incluyendo el incremento de remuneraciones a favor de los funcionarios CAS”, señala el informe.
Consecuentemente, tramitaron y autorizaron el pago de las planillas del mes de diciembre de 2021 aplicando la nueva escala, a favor de sí mismos, vulnerando, entre otras normas, el D.L 1440 que señala que “los actos administrativos así como cualquier actuación de las entidades que generen gasto deben supeditarse , de forma estricta a los créditos presupuestarios autorizados , bajo sanción de nulidad de la autoridad competente y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del titular de la entidad y de la persona que autoriza el acto.”
Cuatro funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa sujeta a la Potestad Sancionadora de la CGR y sobre otros tres, recaería presunta responsabilidad administrativa a nivel de entidad.
