Detectan presunta documentación falsa obra por S/ 1.4 millones en el Gobierno Regional

El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Áncash emitió el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 059-2026-2-5332-AOP, en el cual reveló irregularidades en el procedimiento de selección Concurso Público Abreviado N° 009-2026-GRA/C-1. Dicho proceso fue convocado para la contratación del servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones administrativas y complementarias de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Áncash, ubicada en Huaraz, valorizado en S/ 1 584 665,15.

De acuerdo con el documento de control, la buena pro fue otorgada el pasado 7 de julio de 2026 al Consorcio Huarmey por un importe adjudicado de S/ 1 430 000,00. Sin embargo, la dependencia encargada de las contrataciones omitió esclarecer la veracidad documental de la oferta ganadora antes de perfeccionar la relación contractual, suscribiendo el Contrato N° 019-2026-GRA el 5 de agosto de 2026 sin concluir el proceso obligatorio de fiscalización posterior que exige la normativa.

La principal observación recae sobre la acreditación técnica de la ingeniera ambiental Bani Marcelina Reyes Príncipe, presentada como profesional clave en el cargo de Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional. Para respaldar los doce meses de experiencia requeridos por las bases integradas, el consorcio adjuntó un certificado de trabajo fechado el 14 de abril de 2022, presuntamente suscrito por la empresa Sirius Alfa Ingeniería Construcción Mantenimiento E.I.R.L.

La alerta inicial surgió tras la advertencia formal de un postor competidor, lo que motivó al OCI a consultar de forma directa al gerente general de Sirius Alfa E.I.R.L., Marco Antonio Saavedra Gutiérrez. El representante de la firma constructora informó de forma categórica que la constancia analizada no fue emitida por su representada, carece de correlativo interno institucional y posee una firma sobrepuesta que no corresponde a una rúbrica original. Asimismo, Saavedra Gutiérrez certificó que Reyes Príncipe jamás mantuvo relación laboral, civil ni contractual con la compañía, desmintiendo que haya desempeñado labores en la obra invocada en Apurímac.

Pese a la gravedad de los hechos denunciados administrativamente el 20 de agosto de 2026, la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales del Gobierno Regional de Áncash reconoció al OCI que mantenía en trámite la fiscalización y que aún no lograba determinar formalmente la autenticidad de los documentos debido a la ausencia de respuestas a sus cartas. Esta inacción de la oficina logística contraviene los plazos estipulados en la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069 y su respectivo reglamento, poniendo en riesgo los principios de integridad, legalidad y transparencia.

Frente a este escenario, la Contraloría remitió formalmente el informe y la cédula de notificación electrónica al gobernador regional Fabián Koki Noriega Brito. La entidad fiscalizadora otorgó al despacho regional un plazo no mayor a veinte días hábiles para comunicar las acciones correctivas inmediatas que se implementarán ante este hecho, así como la apertura de procedimientos para el deslinde de responsabilidades administrativas o derivaciones legales frente a la presunta falsedad documental advertida