CRISIS: COER Áncash lleva una década sin mantenimiento integral

La sede del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, concebida como el bastión técnico para dirigir la respuesta ante catástrofes y desastres naturales en la región, opera sumida en un estado de vulnerabilidad estructural y desatención absoluta. El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Áncash emitió el Informe de Orientación de Oficio N° 048-2026-OCI/5332-SOO, tras una exhaustiva inspección que constató que desde su transferencia en agosto de 2016 la entidad no ha ejecutado mantenimiento preventivo ni correctivo a su infraestructura medular, a las luces de emergencia autónomas ni a la caseta de bombas contra incendios.

La parálisis técnica y administrativa no solo transgrede el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código Nacional de Electricidad, sino que coloca en riesgo directo la vida del personal técnico y neutraliza la capacidad de respuesta de todo el departamento frente a una emergencia mayor.

La cadena de negligencias administrativas quedó al descubierto tras rastrearse los antecedentes del fallido Contrato N° 054-2024-GRA, suscrito el 28 de junio de 2024 con la empresa Invercon Proyectos S.A.C. por un monto de S/ 141 530,00 y un plazo de 45 días para intervenir la infraestructura. Dicho vínculo fue formalmente resuelto en noviembre de 2024 por incumplimiento contractual de la contratista, dejando las metas físicas en total abandono.

Aunque en mayo de 2025 la coordinación del COER alertó de manera urgente sobre la gravedad del deterioro, la Subgerencia de Obras sepultó cualquier salida rápida al concluir a fines de 2025 que el expediente técnico original —aprobado en su momento por S/ 371 776,59 con costos del año 2023— había expirado técnica y financieramente, demandando una reformulación presupuestal y contractual que hasta la fecha nunca se concretó.

El relevamiento físico realizado por la comisión auditora plasmó un escenario crítico en la operatividad diaria del recinto. En las oficinas más sensibles, correspondientes a los módulos de Comunicaciones y de Análisis y Monitoreo, se detectó una peligrosa sobrecarga eléctrica con placas deterioradas, cableado flexible expuesto y desordenado en el suelo, extensiones multitoma saturadas en cadena sobre paredes de madera e incluso una conexión improvisada que suministra electricidad hacia el exterior. Este descalabro en los circuitos convive con la inoperatividad generalizada de luminarias interiores, el apagado total de las luces en la caseta de bombas y la falta de parpadeo de supervisión en los detectores de humo, inhabilitando las alertas tempranas ante conatos de incendio provocados por el propio recalentamiento de las redes.

Las deficiencias se extienden a los perímetros exteriores y sistemas de auxilio. El drenaje pluvial colapsó debido a tuberías bajantes rotas, desprendidas y desalineadas de las columnas, derivando en filtraciones descontroladas de agua pluvial hacia las juntas de aislamiento, desprendimiento de tarrajeo y un severo descascaramiento de pintura por humedad en fachadas y muros altos. En las áreas verdes, los pozos de puesta a tierra y buzones eléctricos se hallaron colmatados de maleza y raíces invasivas que tapan los electrodos de cobre, muchos de ellos con las tapas de concreto corridas o abiertas.

La gravedad se agudiza en la caseta de bombas contraincendios, donde la losa registra filtraciones de agua sobre los tableros de control y uniones metálicas corroídas por el óxido. Como remate a las infracciones de seguridad, el ambiente destinado al grupo electrógeno fue convertido ilegalmente en un depósito atiborrado de archivadores palanca, muebles en desuso y cajas de papelería que bloquean las rutas de escape y los accesos a los controles del motor de combustión.

La inspección fiscalizadora dejó al desnudo el desconcertante deslinde de responsabilidades por parte de las jefaturas del propio centro de operaciones. Al ser consultado formalmente sobre si se habían efectuado labores de mantenimiento en los sistemas eléctricos, pluviales, contraincendios o de calefacción, el coordinador del COER Áncash, Julio Antonio Miranda Guerra, admitió no tener conocimiento formal y alegó apenas haber asumido funciones el 1 de junio de 2026, señalando incluso desconocer cuál de los pozos a tierra exteriores corresponde al pararrayos. Asimismo, interrogado sobre el estado y funcionamiento del sistema de bombas de agua para siniestros, el jefe del Almacén de Ayuda Humanitaria, Beltrán Coral Broncano, respondió tajantemente que desconocía el tema, declaración replicada en similares términos por la propia coordinación.

Ante la contundencia de las evidencias y el peligro de un colapso operativo en la gestión regional de desastres, el Órgano de Control Institucional notificó formalmente el 13 de agosto de 2026 el informe al gobernador regional de Áncash, Fabián Koki Noriega Brito. El documento le otorga a la máxima autoridad un plazo perentorio e improrrogable de cinco días hábiles para que remita un plan de medidas correctivas urgentes debidamente documentadas, orientadas a revertir el abandono institucional y garantizar los estándares técnicos mínimos de seguridad y funcionamiento que por ley corresponden.