Cancelaron valorizaciones y recepcionaron la obra a pesar que trabajos incumplían especificaciones técnicas
La Contraloría General reveló que, durante los años 2020 y 2021, funcionarios de la Municipalidad provincial de Huaylas pagaron por trabajos mal ejecutados en la obra de defensa ribereña del río Llullán, ya que se evidenció que incumplieron los planos y especificaciones técnicas, ocasionando un perjuicio económico por S/ 2 860 839.
Con esta obra se buscaba controlar las inundaciones en el distrito de Caraz, ya que la afluente amenaza con desbordarse en su época de máximo caudal y pone en riesgo la integridad física de los habitantes, viviendas, infraestructura educativa y vías de acceso, afectando la producción agrícola, debido a la pérdida de cultivos; problemática que con lo acontecido no pudo ser resuelta.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 005-2022-2-0339, cuyo periodo de evaluación comprende del 10 de junio de 2020 al 31 de diciembre del 2021, la empresa contratista a cargo de los trabajos de defensa ribereña, ejecutó la partida del colchón antisocavante (estructura con malla metálica rellena de piedras que protege el muro ante la socavación) y muros de contención con gaviones (estructura metálica con malla en forma de caja con piedras), sin cumplir los planos y especificaciones del expediente técnico.
Dicha situación fue advertida por el personal técnico y registrada en el cuaderno de obra, sin embargo, no fue subsanada por el contratista. A pesar de ello, la municipalidad provincial pagó las 7 valorizaciones y liquidó la obra sin realizar observaciones.
Durante la inspección realizada el 20 de mayo del 2022, la comisión auditora efectuó el levantamiento topográfico a la obra y observó que, debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas, como la ejecución superficial del muro de contención con gaviones, existe inestabilidad y erosión en el colchón antisocavante, deterioro de las mallas e incluso parte de la estructura del gavión se encuentra volcada en el margen derecho del río.
Esta situación se originó por el accionar de tres funcionarios y/o servidores públicos, quienes tramitaron el pago de la totalidad de los trabajos y suscribieron el acta de recepción sin realizar observaciones, aun cuando los trabajos incumplían los requerimientos técnicos exigidos.
A todos ellos se les atribuye presunta responsabilidad penal y administrativa (entidad), por lo que el informe fue notificado, en noviembre, al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción y al titular de la entidad, para el inicio de las acciones correspondientes.
