Todo está listo,
para que hoy el Gobernador Regional de Ancash encargado Enrique Vargas
Barnechea, frente a la jueza Mariana Luna León, en cuyo juzgado se dará inicio
al juicio oral por los presuntos ilícitos de falsa declaración
administrativa y falsificación de documentos.
El caso se desprende de una investigación que realizó
el titular de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Áncash, Guillermo
Lizarzaburú Palma, el año pasado, quien basó sus investigaciones a la
advertencia realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al detectar
presuntas incongruencias en lo que declaró Vargas en su hoja de vida (referidas
básicamente a sus estudios como chef) al momento de inscribirse como candidato
a vicegobernador, con movimiento político Puro Áncash.
Cabe precisar que el fiscal Guillermo Lizarzaburu, 72
horas atrás volvió a reiterar que, en la etapa de investigación preparatoria,
encontró elementos que complican su situación. Mediante la Oficina de
Cooperación Internacional de la Fiscalía, se solicitó informe al país de Chile
respecto al instituto donde Vargas declaró había cursado sus estudios como
chef. La respuesta obtenida fue que el centro de educación que consignó Vargas
no existe. Él refiere en su hoja de vida “Título de chef obtenido en el
Instituto Elbergel”, para luego rectificar en sus declaraciones que había
estudiado en “Bergel”.
El fiscal Lizarzaburu dijo a Huaraz Noticias en la
radio que, pese a la guerra sucia que se ha puesto en marcha contra su persona,
porque haber llegado a sus manos otra denuncia más contra Vargas Barnechea, de
quien según sus detractores habría manifestado que su investigación en esté
segundo casó no será del nada imparcial, debido a que recibió una ayuda de
parte del Gobernador Regional para que su esposa sea jefa del centro de Salud
Palmira, y que están errados.
No deben de olvidar esos detractores que, el hoy
gobernador regional encargado Enrique Vargas, estará sentando ante el juzgado
para defenderse de las acusaciones realizadas por mi persona, por las denuncias
de falsedad genérica, por presuntamente no haber dicho la verdad en su hoja de
vida, existiendo elementos de convicción suficiente de que se ha cometido un
delito, y obviamente se espera sentencia.
Dejando en claro que no sea contemplado la inhabilitación para ejercer un
cargo público, porque se debe mencionar que de existir una pena de sentencia
consentida, es decir confirmada en una instancia superior, se podría aplicar la
causal de vacancia o suspensión contemplada la Ley 27867.
Esto debido a que el
Ministerio Público ha solicitado como sanción para Vargas la pena de dos
años de cárcel, que en realidad no sería efectiva, es decir de ser condenado,
el gobernador no iría a la cárcel.
En base a este avance, hoy será el fiscal Renato Arapa
quien sustente la posición del Ministerio Público, el pedido de 2 años de
sentencia, ante la jueza del Juzgado
Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Áncash, Mariana Luna
León, quien deberá de valorar los elementos de las partes y emitir su veredicto en esta causa judicial.
